La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, afirmó, durante su exposición en la audiencia de prisión preventiva de su defendida, que ninguno de los elementos de convicción presentados por el equipo especial Lava Jato, representado por el fiscal, José Domingo Pérez, cumple con los requisitos necesarios para justificar la medida coercitiva contra la excandidata presidencial debido a que se basan en dichos “sospechosos”.
"No se puede dar (una prisión preventiva) por meras conjeturas, o cuestiones abstractas, tiene que haber sospecha grave. Tiene que haber un alto grado de presunción de condena, si se hace mención al testimonio de testigos protegidos, solo con otras pruebas que corroboren sus declaraciones se pueden imponer medidas coercitivas, de lo contrario no”, aseguró Loza.
“Si se da validez a la declaración de un testigo tiene que haber una corroboración, teniendo como base que son testimonios sospechosos en la medida en la que no se ha presentado un respaldo sobre los datos nucleares de la investigación. Por sí solas no sirven. No es que una declaración se corrobore con otra corroboración, la declaración incriminatoria es insuficiente para satisfacer los supuestos penales”, agregó. ", agregó.
La letrada criticó especialmente la declaración que dio el excongresista Rolando Reátegui al Ministerio Público pues señaló que su testimonio se dio de forma irregular por lo que pidió que se declare como nulo.
"Hay declaraciones de testigos protegidos que carecen de validez. La forma en la que reveló que Rolando Reátegui es el testigo protegido número 3 fue dan cuenta de que no se respetaron los protocolos. No se puede validar lo que es a todas luces algo nulo. Se trata de las declaraciones que son prueba sospechosa y requieren una corroboración en el núcleo de la materia”, aseguró.
Sobre este mismo testimonio, Loza sostuvo que se produjo un cambio de posición por parte de Reátegui. Explicó que su versión sobre los supuestos aportes de Odebrecht a las campañas de Keiko Fujimori fue la que motivó que su defendida cumpla prisión preventiva por más de un año, pero que, ahora, su declaración señala a que los aportes provinieron de empresarios peruanos.
"El punto central es el requerimiento por Odebrecht, para que vea lo inválido que es el testimonio de Reátegui: Keiko fue presa por el testimonio del testigo protegido número 3 (Reátegui) pero en diciembre declara que el supuesto dentro de su tesis, con la identidad levantada, termina siendo que el dinero recibido fue de empresarios nacionales que no querían que se supiera que habían aportado. Entonces se le llevó presa por Odebrecht, pero ahora se resulta que el dinero era de empresarios nacionales. Keiko Fujimori fue presa por el testimonio de un testigo que ahora cambia su versión. ¿Quién le devuelve esos 13 meses a Keiko Fujimori?”, sostuvo.
Cabe indicar que el próximo 16 de enero se llevará a cabo la audiencia en la que se evaluará la exclusión o permanencia del testimonio de Reátegui. La defensa legal de la excandidata presidencial plantea que este testimonio sea declarado nulo y quede fuera del proceso.
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